Terrible: cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando
Afecta a miles de vecinos de la región.
Terrible, así fue definido el cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando dispuesto por el ultraderechista gobierno de Javier Milei. Un paso más por parte del gobierno en lo que constituye el plan de “destrucción planificada” del cual tanto se ufana el intolerante, autoritario y agresivo primer mandatario, verdadero mascarón de proa de un puñado de grandes empresas.
“Con profundo pesar, informamos el cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando, una decisión que se ejecutó de manera deliberada, progresiva y cruel a lo largo del 2024. Desde enero hasta diciembre, el equipo interdisciplinario sufrió un constante desgaste, mientras los despidos se llevaron a cabo de manera escalonada. Este proceso tortuoso se caracterizó por la falta de reemplazo de autoridades y la ausencia de una línea coherente de trabajo con el Ministerio de Justicia a nivel nacional; y culminó con el despido de la totalidad de sus trabajadores el día 30 de diciembre del 2024”, reza el comunicado al cual tuvo acceso Lo Nuestro, emitido por trabajadores del organismo nacional que tenía una importante relevancia para la comunidad regional.
Una incidencia que se rescata del mismo momento de la apertura en septiembre de 2015. Desde aquel momento a la fecha, el CAJ de San Fernando recepcionó más de 15.000 consultas.
Si bien el municipio que gobierna Juan Andreotti intentó evitar el cierre del CAJ, la conocida insensibilidad y saña con la que opera el gobierno nacional sobre instituciones y organismos estatales, desoyeron esta voz.
Parte de los logros y beneficios para la comunidad se pueden sintetizar en la creación de un protocolo de intervención en casos de violencia de género, que sirvió como herramienta fundamental para acompañar a las víctimas en sus denuncias y garantizar medidas de protección.También en la conformación de la red de trabajo interdisciplinario e interinstitucional más grande y seria de la región, involucrando a instituciones gubernamentales de salud, educación, seguridad, justicia y género. Y en la realización de más de 3.000 mediaciones comunitarias, resolviendo conflictos vecinales, cuestiones de cuota alimentaria, y régimen de comunicación y relación familiar.
Para comprender el daño que causa el cierre sobre la población, bien vale destacar algunas de las consultas más frecuentes atendidas por el CAJ: Violencia de género, acompañando a las víctimas en la formulación de denuncias y gestión de medidas de protección; Cuestiones familiares, como cuidado o guarda de niños, cuotas alimentarias y violencia infantil; Temas de discapacidad, incluyendo certificaciones, pensiones no contributivas y determinación de capacidades; Acceso a documentación para migrantes, resolviendo problemas de residencia y trámites administrativos; y Consultas laborales, garantizando derechos y acceso a la justicia.
“El cierre del CAJ de San Fernando no sólo representa una pérdida para la comunidad local sino también un retroceso en el acceso a la justicia y la garantía de derechos fundamentales. Instamos a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de esta decisión y a buscar mecanismos que permitan restituir un servicio tan esencial para la comunidad”, cierra el escrito del Centro.
