Sensatez en diputados: Ley que agrava la comercialización de órganos

Se trata de un proyecto de Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)

Foto archivo

Frente a la irresponsabilidad institucional de plantear la venta de órganos, tal cual lo propone la extrema derecha, la sensatez gana terreno en el plano legislativo. El diputado nacional de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, presentó (miércoles) un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y tráfico de órganos humanos, con el objetivo de “garantizar y reforzar los derechos de las personas”, modificando la actual ley 27447.

Al respecto, Gutiérrez advirtió que "La idea de Milei propone la compra venta libre de órganos, pero lo que no dice es que si se libera ese mercado te van a secuestrar un hijo por un riñón” y agregó que "es urgente que reforcemos penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos”.

En ese sentido, señaló que “con esta iniciativa sumamos penalidades para el receptor del órgano de mala fe a sabiendas del origen ilícito ya que con la ley actual solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos”.

Asimismo, el legislador nacional sostuvo que “ya no habrá más vacíos legales porque ahora cualquier rol en esa cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado con hasta 12 años de prisión”.

“Los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, además de perder la libertad, serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar”, aseveró Gutiérrez y añadió que “establecimos como agravante el concurso premeditado de tres o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos”.

El diputado de Unión por la Patria expresó además que “también incorporamos como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no solo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente”.

Por último, manifestó que “esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales”.