Más voces contra la eliminación del Archivo de la Armada: Juliana Di Tullio, ATE y el Centro de Estudios "Arturo Sampay"

Di Tullio se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como Amicus Curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante, Pablo Llonto, de la megacausa ESMA.

 

Así como en su momento el Centro de Estudios "Arturo Sampay" de Zona Norte expresó una clara postura contraria a la eliminación y destrucción de los archivos históricos de la Armada, lo propio acaba de suceder con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)  y la senadora nacional Juliana di Tullio (PJ-Unión por la Patria).

En el caso de ATE, la entidad gremial alertó por esta situación y envió un pedido de informes a la cartera que conduce Luis Petri exigiendo que “expliciten los criterios para el operativo y garanticen la conservación en condiciones de la documentación”.

Por su parte, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires avanzó un paso más contra el plan de “destrucción planificada” llevado adelante por el gobierno de Milei y sus socios de la UCR y del PRO a instancias de grandes grupos económicos, donde, además, el negacionismo en materia de derechos humanos preocupa, no sólo en el país sino en otras naciones y organismos internacionales.

Di Tullio se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como Amicus Curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante, Pablo Llonto, de la megacausa ESMA.

Cabe recordar que en los últimos días se dio a conocer la noticia de una orden de traslado del Archivo General de la Armada Argentina que habilita “la selección y trituración de información allí reservada durante los últimos 150 años”. Entre los documentos se encuentran legajos personales, partes informativos, memorias anuales, expedientes de “Justicia Militar”, “documentación histórica” sin especificar, y partidas de nacimiento, casamiento y defunción.

“El intento de triturar 100 años de un plumazo alarma a nuestra sociedad y puede obstaculizar las investigaciones judiciales vigentes”, señaló Di Tullio.

Cuando estas cuestiones suceden, inmediatamente surge a la memoria qué hubiese pasado, por ejemplo, si la comunidad judía como política de Estado o, del mismo modo, armenios o palestinos permitieran, desde el poder, concretar lo que por estos pagos intenta materializar el intolerante, autoritario y violento primer mandatario.

“Esta decisión podría comprometer documentos vinculados no sólo a la última dictadura militar, sino también a las causas del hundimiento del Submarino ARA San Juan o al espionaje ilegal practicado a los familiares de las víctimas”, detalló la senadora que sostiene en su escrito que uno de los destinatarios de la orden de traslado es el contralmirante Enrique Antonio Balbi, quien ofició como “Vocero” de la Armada Argentina durante la crisis político-militar derivada del hundimiento del Submarino ARA San Juan.

Según la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae (“amigo del tribunal”) es un instrumento que tiene por objetivo permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático.