Llaman a consulta popular vinculante por el presupuesto universitario

A modo de contrarrestar la embestida del gobierno nacional en su afán por “destruir el Estado” que, por lo visto, incluye a las universidades públicas.

En esto de “destruir el Estado desde adentro” como insiste el intolerante, autoritario y violento primer mandatario y que, por lo visto, incluye a la educación pública y en particular a las universidades, profesores y decanos universitarios impulsan un llamado a “consulta popular vinculante por el presupuesto universitario”. Quien dio el primer paso al respecto fue el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas.

A todo esto, y mientras la población padece en sus bolsillos los estragos del modelo socio-económico del gobierno que se traduce en constantes tarifazos, caída del 18% en el nivel de consumo en supermercados, caída de capacidad industrial instalada, caída de ventas de materiales de construcción, despidos por doquier, cierre de más de 12.000 PyMes y 3400 comercios barriales, entre otras realidades,”el Consejo Directivo de Exactas aprobó una resolución por la cual se solicita a la Cámara de Diputados la elaboración y presentación de un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario para 2025 que contemple las necesidades para el funcionamiento del sistema expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y, por otro lado, les pide a ambas cámaras del Congreso Nacional la sanción de una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante para refrendar esa iniciativa legislativa”.

Si el Congreso, claramente controlado por los sobres que el gobierno distribuye entre legisladores de la UCR, del PRO y de Encuentro Federal, y algunos de UxP y CC, logra aprobar la Consulta Popular, el Poder Ejecutivo no podría vetarla. Sin embargo, en esto de que el Poder Judicial, y en particular la Corte, baila, en su gran mayoría, al compás que marca el gobierno, no es de extrañar que eche mano a un Decreto presidencial.

El texto acordado por el Consejo de Exactas recuerda el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y destaca la importancia de “que las universidades nacionales cuenten en 2025 con los recursos necesarios para el financiamiento del sistema que, de acuerdo con el cálculo realizado por el CIN, ronda los 7,2 billones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dispone de solo 3,95 billones de pesos, es decir, apenas supera la mitad de los fondos reclamados”.

La resolución también recuerda que la herramienta de la consulta popular vinculante se encuentra establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional y que fue reglamentada por la Ley 25.432 del año 2001 con sus modificatorias en el año 2012. Y subraya que la convocatoria no puede ser vetada y que el voto afirmativo del pueblo de la Nación convierte al proyecto sometido a consulta en ley y su promulgación tiene que ser inmediata.

“La idea me la acercó un profesor de la Facultad y a partir de ahí la empezamos a trabajar. Hicimos múltiples consultas con el vicerrector de la UBA, con las autoridades de Sociales y de Filosofía, también con rectores de otras universidades, con el exministro Jaime Perczyk y con Víctor Moriñigo, presidente del CIN. Incluso hablamos con diputados de diferentes partidos políticos. A todos les pareció una idea interesante y pensamos que una resolución de la Facultad podría ser un buen punto de partida para poner el tema en la agenda pública”, detalló Guillermo Durán, decano de la Facultad.

Para Durán el nuevo proyecto debería contemplar algunos de los elementos que contenía la ley de financiamiento que se había aprobado para 2024 y que fue vetada por el Poder Ejecutivo, y tomar en cuenta el monto calculado por el CIN para el 2025. Esa iniciativa debería ser sometida luego a la voluntad popular.

“Tenemos buenas expectativas con relación a que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras. Tanto en Diputados como en Senadores, el proyecto de financiamiento fue aprobado por mayorías muy amplias y luego el veto fue sostenido por apenas un tercio de la Cámara Baja. Ahora se requieren mucho menos votos”, explica Durán y completa: “La gran ventaja que tiene esta idea es que el presidente no puede vetar la convocatoria una vez aprobada y tampoco puede vetar la ley si se impone el 'sí' en la consulta popular. Estamos confiados en que existe un aval muy mayoritario".