La irresponsabilidad de Milei, cercana a la locura, parece no tener límites

En el afán de distraer a la población mientras la crisis acecha, el gobierno tira sobre la mesa decenas de iniciativas reñidas con la constitucionalidad. Ahora, en medio del escándalo de la estafa con criptomonedas, sacó de la galera reducir la edad de imputabilidad.

Columna de opinión: José “Pepe” Armaleo

El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre su intención de reducir la edad de imputabilidad a diez años, e incluso insinuando la posibilidad de llevarla aún más abajo, es una medida que responde más a una estrategia electoral que a un análisis serio de las causas del delito y sus posibles soluciones. Bajo la consigna de "delito de adulto, pena de adulto", el gobierno apuesta a la mano dura y la polarización como herramientas de campaña, sin atender a las múltiples variables que explican la criminalidad juvenil y, sobre todo, sin ofrecer alternativas reales que enfrenten el problema desde la raíz.

Bajar la edad de imputabilidad con fines meramente electorales no sólo es una respuesta simplista, sino también una falta de comprensión sobre la complejidad y la gravedad del problema. Reducir esta cuestión a una promesa de endurecimiento de penas ignora la importancia de un enfoque integral que ataque las verdaderas causas del delito y busque soluciones sostenibles en el tiempo.

Las causas del delito: un enfoque simplista y punitivo

El delito no es un fenómeno aislado ni puede ser combatido exclusivamente con el endurecimiento de penas o con la criminalización de niños y adolescentes. Está ampliamente demostrado que las causas del crimen son multifacéticas e incluyen factores estructurales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, el desempleo y la descomposición del tejido social. A pesar de ello, el gobierno prefiere seguir una línea punitivista que, lejos de solucionar el problema, sólo genera más violencia y exclusión.

El presidente menciona a países como Inglaterra o Suiza, que tienen edades de imputabilidad más bajas, pero omite señalar que en esos mismos países existen redes de contención social, educativa y laboral que previenen el delito en lugar de simplemente castigar a quienes lo cometen. La sola modificación del Código Penal no hará que los niños dejen de delinquir si las condiciones que los empujan a ello siguen intactas.

Alternativas reales: educación, trabajo y desarrollo

En lugar de promover políticas que criminalizan la infancia, el Estado debería enfocarse en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. La solución no es reducir la edad de imputabilidad, sino fortalecer el acceso a la educación pública de calidad, garantizar el empleo formal, invertir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar el deporte y la cultura como herramientas de inclusión. Estas son las políticas que verdaderamente ponen al ser humano en el centro de la escena y que pueden reducir la criminalidad de manera estructural y sostenida.

Los datos demuestran que los menores de edad representan un porcentaje ínfimo de los delitos graves cometidos en el país. Entonces, ¿por qué la obsesión con endurecer penas para niños en lugar de atacar el crimen organizado, la corrupción o la evasión fiscal? Porque es más fácil generar miedo que gobernar con políticas públicas eficientes.

El discurso del gobierno y la violencia en la comunicación

No sólo es preocupante la propuesta punitivista del gobierno sino también la violencia con la que se dirige a quienes piensan distinto. La forma agresiva y descalificadora con la que el presidente y sus funcionarios se expresan no sólo polariza aún más a la sociedad, sino que también contribuye a generar un clima de enfrentamiento y violencia verbal que puede escalar a otros ámbitos. Un gobierno que verdaderamente busque soluciones debería empezar por bajar el tono de su discurso y promover el diálogo, el respeto y el debate democrático como herramientas fundamentales para la construcción de un país más justo y pacífico.

En conclusión, la propuesta del gobierno no es una solución real al problema de la inseguridad, sino una estrategia electoral basada en el miedo y el castigo. La sociedad argentina no necesita más represión, sino más oportunidades. Si realmente se quiere reducir la criminalidad juvenil es fundamental invertir entre otras cosas, en educación, salud, empleo y desarrollo social, justo todo lo contrario de lo que el actual mandatario está realizando. Solamente a través de una visión integral y garantista se podrá construir un país más seguro y justo para todos.

“La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”.

Por José “Pepe” Armaleo: Militante, Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios de la realidad política y social Argentina, Arturo Sampay de Zona Norte.