Funcionarios nacionales empiezan a desfilar por Tribunales

Producto de acciones, dichos y medidas generadas por el presidente y su equipo, el Juicio Político y penal comienzan a ser desplegado por opositores y juristas

Artículo 1º - Aplicación de la ley. El juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional se regirá en el futuro en cuanto a su procedimiento por las citadas normas y por las de la presente ley. También se aplicará a las causas que ya estuvieren iniciadas, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.

Artículo 2º - Funcionarios acusables y causales. Estarán sujetos a la promoción de juicio político los funcionarios determinados por el artículo 53 de la Constitución Nacional, y por las causales allí establecidas.

Artículo 3º - Mal desempeño de las funciones. Se considerará que los funcionarios mencionados en el artículo 53 de la Constitución han incurrido en mal desempeño de sus funciones cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

1. No reunir las condiciones exigidas por la Constitución y las leyes para el desempeño del cargo.

2. Inhabilidad física o mental, determinada por una junta de cinco peritos de reconocida versación en la materia, designada por el Senado.

3. Incumplimiento manifiesto de los deberes correspondientes al cargo que desempeña.

4. Incompetencia, negligencia, parcialidad o arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, incurrida en forma manifiesta y reiterada en al menos tres ocasiones.

5. Encontrarse comprendido en alguna causal de incompatibilidad prevista en las leyes de la Nación.

6. Inmoralidad comprobada por hechos concretos, que ocasionen descrédito o desprestigio al cargo desempeñado o a las instituciones republicanas.

7. Haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la Constitución.

Artículo 4º - Denuncias. El juicio político deberá promoverse por cualquier funcionario público que tuviere conocimiento de que se ha incurrido en alguna de las causales del artículo 53 de la Constitución. Podrá también ser iniciado por denuncia por cualquier habitante de la Nación capaz de estar a derecho.

Por: Fernando Gañete Blasco.- La sociedad sufre las medidas económicas tomadas por el gobierno de los hermanos Javier y Karina Milei, ejecutado por Luis Caputo y sus socios (todos en el ministerio de economía o el Banco Central), junto al asesor Federico Sturzenegger. Estos últimos con pasados bien pesados en la función pública dado que ya habían sido un castigo para el bolsillo de las y los argentinos, a excepción de esa minoría de millonarios que se siguieron enriqueciendo gracias a ellos.

A los ciudadanos de a pie, en parte por la velocidad y fuerza del golpe económico recibido, les cuesta reaccionar. También hay muchos argentinos que se encuentran desconcertados y no saben si tener fe (lo último que se pierde) a quienes conducen los destinos del país, o actuar contra lo que están padeciendo. La necesidad de ser positivo lo hace al individuo repetir las frases publicitarias (disfrazadas de opinión periodística) de algunos personajes mediáticos, que rezan: “era necesario un ajuste”, “hay que sufrir un poco para después estar bien”, o simplemente “hay que darle tiempo”, entre otras. Por otro lado, están quienes confían en que sus representantes (elegidos por el voto), ya sea legisladores, gobernadores, dirigente gremial o social y que no son oficialistas tomen la iniciativa para responder con acción a un gobierno nacional que tortura al bolsillo de la gran mayoría de los argentinos. Hasta ahora, pocos representantes opositores levantan la voz.

Uno de los gobernadores que respondió fue Axel Kicillof. Mediante una conferencia de prensa le respondió con datos concretos al presidente Javier Milei que había criticado al bonaerense por haber aumentado los impuestos. Kicillof mostró los aumentos de impuestos por parte del gobierno nacional que no fueron progresivos como los que planteó la provincia de Buenos Aires. Además, fue muy duro con las críticas a Milei y a su ex y nuevo socio, José Luis Espert, quien había promovido en los medios a una rebelión y no pagar los impuestos bonaerenses. Idea que el propio presidente de la Nación compartió.

Lo que se presumía es que el gobernador bonaerense les iniciara juicio por la irresponsable actitud de Espert y Milei, lo que no sucedió, pero sí lo hicieron personas cercanas como el ex intendente de General Pueyrredón y diputado bonaerense, Gustavo Pulti, quien realizó una presentación en la Cámara de Diputados bonaerense contra José Luis Espert. El legislador pidió que se repudie el hecho, impulsó una denuncia penal y un juicio político al diputado nacional.

Está claro que la intención de Milei y sus cómplices es seguir avanzando en las medidas para continuar concentrando la riqueza del poder económico hasta donde las y los argentinos se lo permitan. Quizá llegue el momento de actuar desde todos los sectores, el político (presentando proyectos de ley beneficiosos para el conjunto de la sociedad aun siendo molestos para el gobierno nacional); movilizándose en las calles (el 24 de marzo puede ser un termómetro); y en los estrados judiciales para poner un límite a tanta violencia e indiferencia a la comunidad y a la Constitución Nacional.

En lo que respecta a las denuncias ya empezaron a surgir ciudadanos cansados de tanta agresión y se presentaron distintas querellas hacia diversos funcionarios. Entre ellas, a la recién mencionada de Pulti se le suma la de la abogada Valeria Carreras quien denunció penalmente a Espert.

El presidente Javier Milei es otro que está sumando varios pedidos de juicio político. Por un lado, un grupo de destacadas personalidades entre las que se encuentran el ex juez Carlos Rozanski, la periodista Liliana Hendel, y la reconocida socióloga, historiadora, educadora y feminista, Dora Barrancos, demandaron al presidente por sus reiteradas apariciones en los medios y en las redes sociales, donde -según el grupo- el mandatario libertario asoció actividades políticas con delitos sexuales, vulnerando derechos fundamentales y generando un ambiente de agresión e incorrección. Por otra parte, el doctor César Arias inició un juicio político contra Javier Milei y pidió una pericia psicológica o psiquiátrica por los insultos y agravios del presidente en distintos ámbitos de lo político-social. Arias manifestó que “la comisión de Juicio Político será la que decidirá el tipo de pericia”.

También comienzan las querellas a distintos funcionarios. El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó una denuncia contra la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”.

La Coalición Cívica, en tanto, analiza presentar una denuncia penal contra el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, si incumple el fallo de la Corte por la coparticipación.

Mientras el oficialismo denuncia al gobierno anterior (más en los medios que en la justicia) para desviar la atención. En algunos casos por incompatibilidad de funciones, en tanto que no mencionan las que hay en este gobierno con los socios de una consultora financiera en el Ministerio de Economía y el Banco Central o el flamante Secretario de Trabajo que es un empleado de Techint y tantos otros funcionarios del gobierno nacional que responden a intereses vinculados a las empresas que representan.

Cada vez se aleja más la idea de un amplio pacto social, siendo que hay dos modelos ideológicos bien marcados: el de los que intentan resguardar al país de intereses externos cuidando al conjunto de la población de mayores daños, y el de los que defienden la concentración de la riqueza en unos pocos sin medir las consecuencias que ésta produce en la sociedad.