El peor de los mundos: violencia institucional con aprobación social

Apañada y naturalizada por seguidores y grupos de operadores mediáticos que todo toleran y todo festejan.

Diputados oficialistas junto a criminales que purgan condenas y esperan un indulto del gobierno.

Por. Tano Armaleo.- Si la violencia ejercida por una persona de por sí es dolorosa y repudiable de manera categórica, cuánto más si es estimulada o apañada por el poder institucional. La violencia no distingue entre ideologías. Es repudiable por donde se la mire y analice. De ahí la importancia que cobran los organismos públicos e instituciones públicas, y gobiernos, a la hora de evitar y poner límite taxativo a las agresiones y violencia.

Así como la denuncia de violencia que involucra al ex presidente Fernández mereció el repudio, en particular de tropa propia, la otra cara fue la puesta en escena del gobierno nacional. Fue el propio presidente quien, intentando sacar rédito, objetó el largo y rico camino emprendido desde hace 42 años por los distintos gobiernos contra la violencia de género. El primer mandatario salió al ruedo con su conocido y cuestionable discurso cargado de falsedades, agresiones y violencia institucional. Una postura, la del intolerante presidente, que mereció el visto bueno del ejército de troles y  operadores mediáticos que alientan al “profeta de cartón”.

La violencia de Milei se remonta, vale recordar, cuando agredió, insultó y maltrató a una periodista en Salta quien con su pregunta, muy profesional por cierto, produjo en el entonces candidato a presidente un malestar inusitado. La violencia destilada por Milei terminó en los Tribunales. No sólo perdió la partida judicial, según fuentes tribunalicias, las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas sobre la humanidad de Javier Milei lo hundieron. Extrañamente, ese informe se mantiene a resguardo de la “fuerza del cielo”.

Medios afines y seguidores del ultraderechista naturalizaron aquella violencia como parte de una “simpática” personalidad. La escalada de violencia por parte Javier Milei no se detuvo, ni se detiene frente a quienes opinan distinto. Tanto que esa motosierra que empuñó Milei durante su campaña, y aún la sigue reivindicando, fue el claro símbolo de violencia naturalizada y festejada por seguidores y operadores mediáticos.

Queda claro que Milei, y todo su gobierno, naturalizan la violencia que ellos promueven. La reciente visita institucional de diputados nacionales de La Libertad Avanza a criminales de lesa humanidad que purgan condena en cárceles y en Campo de Mayo, es un claro gesto de violencia institucional que, en más de 40 años de democracia, nunca antes se vivió. Acaso, reivindicar crímenes de lesa humanidad, regímenes dictatoriales, comulgar con la apología del delito ¿no es un claro y contundente gesto de violencia institucional?. Tan fuerte y dolorosa como aquella violencia que se descarga sobre una persona, por los motivos que sean. O es menos violento tener un país con un 55% de pobreza, mientras un gobierno festeja despedir gente, sacarles medicamentos a pacientes, eliminar programas de alimentación para sectores vulnerables.

¿O no es violento escuchar a un presidente que trata de soretes, coimeros, zurditos, parásitos, pedófilos, violadores, a dirigentes opositores por el solo hecho de objetar leyes y medidas oficiales?, Sí, es violencia. Violencia institucional apañada y naturalizada por seguidores y grupos de operadores mediáticos tal vez ensobrados desde el Estado.

La sociedad digitalizada todo tolera, todo permite. Así como el rating es el combustible que alimenta pantallas de TV, las redes sociales se han constituido en un gran ring donde todo, todo está permitido. Hasta la boludez más extrema y violenta es festejada como ocurrente humorada. Las redes distraen, confunden, sacan del foco la verdad, la realidad, la tolerancia, el respeto. Tapa lo que le sucede al ciudadano de a pie.

Luchar, trabajar, construir mecanismo contra todo tipo de violencia, es un desarrollo colectivo y cultural que, indefectiblemente, requiere el férreo compromiso de toda la comunidad. Pero, sobre todo, de los que tienen responsabilidades sociales, educativas e institucionales.