El INAES se suma al plan de "destrucción planificada”

Dispuso la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales por falta de presentación de documentación anual ordinaria.

Imagen ilustrativa. Infinidades de productores rurales, de todo tenor y alcance, e industrias en acción conjunta con el INAES logran ser el tercer motor de la economía nacional.

Como quien se ve en la obligación de dar cumplimiento al plan de “destrucción planificada” del cual tanto se enorgullece el primer mandatario mientras los despidos se suman por doquier, Pymes y comercios barriales cierran sus persianas, la inflación y tarifazos son el rostro de un modelo político que sólo garantiza, en el mejor de los casos, beneficios para un 20/30% de la población, el Ministerio de Capital Humano instruyó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que disponga la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales por falta de presentación de documentación anual ordinaria (Asambleas y Estados Contables) desde febrero de 2017 o desde la fecha de su inscripción (de ser posterior), hasta septiembre de 2024.

En realidad, las altas y bajas en este sector del Estado es algo frecuente. Sólo que la ultraderecha gobernante, en esto de montar relatos, operar con troles y denostar a quien opina y piensa distinto, necesita presentar este tipo de información como grandes logros.

Esta medida se adoptó en el marco del plan de reordenamiento y control del padrón de entidades que obtuvieron su personería jurídica hasta el 31 de diciembre de 2022 y luego de haber sido intimadas todas ellas a regularizar su situación. El objetivo central del mencionado plan es resguardar la figura y valores del cooperativismo y el mutualismo como así también evitar su desvirtualización, mal uso y utilización política.

Cabe recordar que en el transcurso del año 2024, en el marco del mencionado plan, por Resolución 878/24 el INAES intimó a todas las cooperativas y mutuales que adeudaban la citada documentación para que regularizaran su situación, pues ello denota la falta de funcionamiento regular.

En realidad, las entidades que no cumplieron con dicha regularización son las que han sido suspendidas por la Resolución 3208/24 y sobre las que se dispuso la instrucción de sumario.

Esta resolución complementa las medidas ya tomadas, en el marco del referido plan, por las cuales se les retiró la autorización para funcionar a 9.405 entidades.