Argentina en el peor de los mundos: negacionismo, brutalidad e ignorancia

Surge de las políticas de odio y destrucción de la memoria impulsadas por el gobierno nacional.

Columna de opinión: José “Pepe” Armaleo*

La decisión de la Armada de trasladar su archivo general y “depurar” documentación genera preocupación en organismos de derechos humanos y el ámbito judicial. Esta medida se inscribe en una política sistemática de negacionismo y ataque a la memoria, que busca debilitar la lucha por la verdad y la justicia. La eliminación de documentos comprometedores afecta las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y forma parte de un engranaje más amplio de políticas de odio impulsadas desde sectores que pretenden reinstalar la impunidad en Argentina.

El negacionismo como política de Estado

Desde la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, las señales de retroceso en derechos humanos han sido alarmantes. La disolución de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA) en el Ministerio de Defensa, el intento de vaciamiento del Archivo Nacional de la Memoria y ahora la destrucción de archivos en la Armada responden a una estrategia de ocultamiento de pruebas y obstrucción de juicios por crímenes de lesa humanidad.

Destruir la prueba, consolidar la impunidad

El caso de la megacausa ESMA es paradigmático. Se estima que 5000 personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en ese centro clandestino de detención, y gran parte de la documentación que permitiría reconstruir lo sucedido sigue en poder de la Armada. La depuración de archivos puede representar un intento deliberado de eliminar pruebas que podrían ser utilizadas en los juicios aún en curso.

Esta estrategia no es nueva. Durante la dictadura, la Armada conformó la Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (Copese) para microfilmar y luego incinerar documentos relacionados con su accionar represivo, según reveló el sobreviviente Víctor Basterra.

La relación entre políticas de odio y represión de la memoria

El negacionismo no es sólo un discurso, sino una herramienta política que permite justificar y sostener estructuras de impunidad. La destrucción de documentos históricos es un eslabón más de un entramado mayor de políticas de odio que buscan deslegitimar la lucha por los derechos humanos y reinstaurar una visión revisionista de la historia que exculpe a los represores y condene a las víctimas.

El desmantelamiento de espacios de memoria y la criminalización de la militancia forman parte de una ofensiva contra los consensos democráticos construidos en las últimas décadas. Estas políticas no sólo afectan la posibilidad de justicia en los tribunales, sino que también impactan en la educación y la memoria colectiva.

Resistencia y lucha por la memoria

La respuesta de organismos de derechos humanos y la sociedad civil ha sido contundente. La presentación realizada por el abogado querellante, Pablo Llonto, para impedir la destrucción de archivos es un paso fundamental en la defensa de la verdad y la justicia. A su vez, la presión de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la movilización de exdetenidos y sobrevivientes demuestran que la lucha por la memoria sigue vigente.

Es imprescindible que el Poder Judicial actúe con celeridad para frenar la destrucción de documentos y garantizar el acceso irrestricto a los archivos. La historia nos ha demostrado que los intentos de ocultar la verdad no pueden borrar la memoria de un pueblo que ha sabido resistir y luchar por sus derechos. La defensa del derecho a la verdad es una necesidad ética y política para preservar los pilares fundamentales de nuestra democracia.

José “Pepe” Armaleo: Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios Arturo Sampay de Zona Norte.