Jorge Macri cayó en la picota del Tribunal de Cuentas
Objetan maniobra de compra-venta de predio municipal
Si algo saben los macristas, es realizar negocios, especialmente cuando de engrosar bolsillos propios se trata. Lo han plasmando en su vida personal, y en gran medida, en la función pública: Correo, Macair, Siemes, sotorramiento Sarmiento, etc. Una saga que por lo visto, el jefe comunal de Vicente López no parece estar distante. Así sucede cuando desde la oposición analizan las distintas denuncias que recaen sobre Jorge Macri, por caso, compra de automóviles - Toyotas - a la concesionaria de su hermana. Ahora, es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que objeta, a partir de denuncias de concejales enrolados en la oposición, y en particular de Meneca Djedjeian (CC-ARI), al jefe comunal de haber canjeado un predio municipal valuado en $11.000.0000, por una casita cotizada en 200.000 dólares aproximadamente.
Habrá que recordar que a fines del año pasado, Macri suscribió un convenio por el cual canjeaba un terreno municipal de aproximadamente $ 11.000.000 –ubicado en Panamá y Wite, zona estratégica y de alto valor comercial por lo que allí se pueda construir, torres comerciales por caso-, a cambio de una casa habitada, cuyo calor estimado era de $ 1.400.000, situada en Villa Martelli -Laprida y French-, a la empresa BLA S.A.
El canje se basaba en las típicas excusas que suele utilizar los empresarios cuando quieren encubrir la realidad. En este caso, el municipio pretende construir en la casa adquirida en Villa Martelli un Centro Barrial para Niños. Argumento suficiente como para que el Concejo Deliberante, con la anuencia de concejales de La Campora y del Movimiento Evita, lograra un voto mayoritario. Solo el FpV-PJ, la CC-ARI, el FR y el GEN rechazaron le negociación que, a todas luces, “resultaba perjudicial para los intereses municipales”.
Un dato que aún no fue abordado desde lo legal, es que el costosísimo y apetecible predio de Munro ingresado al patrimonio municipal en tiempos del intendente Enrique García,fue el producto de una ordenanza de excepción en beneficio….obvio, de empresarios. A cambio de aquella la mega excepción, el municipio se hacía del terreno con uso muy claro: ser destinado a espacio público.
Convencida de que el respaldo legislativo otorgado al Departamento Ejecutivo no garantizaba transparencia, y en última instancias tampoco era un buen negocio para el interés comunitario, el año pasado Djedjeian buscó la opinión del Tribunal de Cuentas.
En aquella oportunidad, concejales de la oposición consideraron que dicho convenio encubría una venta y generaba desprendimiento inmobiliario de fuerte valor para la comunidad. El Tribunal de Cuentas coincidió con los concejales y se dispuso que “el bien (el predio de Munro) debía ser enajenado por remate o licitación pública”.
"Consultamos al Tribunal de Cuentas y nos dio la razón. Si hay una diferencia de valor no es permuta, sino que es compraventa y se requiere una licitación pública. Esa "permuta" inicial por la que se pretendía enajenar el bien municipal era ilegal", explicó la concejal tras conocer el fallo.
Advertido de la irregularidad, el intendente, con el fin de "ajustar" el procedimiento a las pautas del Tribunal de Cuentas, buscó transparentar la maniobra llamando a una licitación pública; previa autorización del HCD, ordenanza mediante. Esta ordenanza, por diversos motivos, fue rechazada por toda la oposición.
Meneca Djedjeian, cuestionó la licitación pública alegando que “el pliego era dirigido a uno o algunos pocos, lo cual afectaba el principio de máxima concurrencia de ofertas”. "Exigimos el respeto a la ley y a los procedimientos que se establecen", comentó la edil.
De acuerdo con lo detallado por el Tribunal -es una opinión que no tiene alcance jurídico-, se desprende que ellos también objetan el procedimiento macrista. “En el dictamen del organismo se explica que el llamado a licitación pública, tal como se propone, esta desnaturalizado al incorporar una condición que dificulta la posibilidad de participar del llamado; dicha exigencia limita la cantidad de posibles oferentes para la adquisición del bien municipal, y se afecta la posibilidad de libre concurrencia”, detalla la concejal para agregar que "es indudable que resultaría muy difícil que exista, en la zona, un oferente mejor que BLA S.A”. De ahí a pensar que todo fue armado para beneficiar a alguien en particular, hay un paso.
